En algunos países, dice la carta, se introdujeron "nuevas normativas civiles, que tienden a reemplazar la enseñanza de la religión por una enseñanza del hecho religioso de naturaleza multiconfesional o por una enseñanza de ética y cultura religiosa, también en contraposición con la elección y la orientación educativa que los padres y la Iglesia quieren dar a la formación de las nuevas generaciones".
Ante todo, la carta señala que los primeros responsables de la educación son los padres, que necesitan "la ayuda subsidiaria de la sociedad civil y de otras instituciones", sobre todo de la escuela.
En este contexto, subraya, "una enseñanza que desconozca o que ponga al margen la dimensión moral y religiosa de la persona sería un obstáculo para una educación completa, porque los niños y los adolescentes tienen derecho a que se les estimule a apreciar con recta conciencia los valores morales y a aceptarlos con adhesión personal y también a que se les estimule a conocer y amar más a Dios".
Por este motivo, afirma: "Se violan los derechos de los padres, si se obliga a los hijos a asistir a lecciones escolares que no corresponden a la persuasión religiosa de los padres, o si se impone un único sistema de educación del que se excluye totalmente la formación religiosa".
Esta afirmación encuentra correspondencia en el artículo 26 de la Declaración universal de los derechos humanos, y en muchas otras declaraciones y convenciones de la comunidad internacional.
"Además, se podría crear también confusión o engendrar relativismo o indiferentismo religioso si la enseñanza de la religión fuera limitada a una exposición de las distintas religiones, en un modo comparativo y ‘neutral’", advierte.
Toca a la Iglesia cuidar la pureza de la enseñanza religiosa
Dado que el poder civil no puede imponer las creencias de una religión, la carta explica que "corresponde a la Iglesia establecer los contenidos auténticos de la enseñanza de la religión católica en la escuela, que garantice, ante los padres y los mismos alumnos la autenticidad de la enseñanza que se transmite como católica".
En este contexto, "corresponde a la Conferencia Episcopal dar normas generales sobre esta actividad, y compete al obispo diocesano organizarla y ejercer vigilancia sobre ella".
Ahora bien, tanto en las escuelas públicas como en particular en las católicas, explica la Santa Sede, debe ser respetada "la libertad religiosa de los alumnos no católicos y de sus padres", evitando "cualquier acto que pueda tener sabor a coacción o a persuasión deshonesta o menos recta".
La Santa Sede considera que "es necesario que la enseñanza religiosa escolar aparezca como disciplina escolar, con la misma exigencia de sistematicidad y rigor que las demás materias".
Donde no se respeta plenamente la libertad religiosa, "la Iglesia hace lo posible para ofrecer a los fieles la formación que necesitan" y "no deja de denunciar la injusticia que se cumple cuando los alumnos católicos y sus familias son privados de sus derechos educativos y es herida su libertad religiosa".
(fuente: http://www.aica.org/)
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